Los gastos jurídicos que se puedan producir por motivo de algún procedimiento judicial consecuencia de reclamaciones por siniestros cubiertos por la póliza de responsabilidad civil para eventos serán a cargo de la entidad aseguradora.
El asegurador será el encargado de llevar la dirección jurídica con sus abogados y procuradores, salvo pacto en contra entre las partes o concurran conflicto de intereses entre el asegurado y la aseguradora, debiendo esta última abonar dichos gastos hasta el límite pactado en la póliza.
También esta cobertura hará frente a las fianzas que un juez pueda exigir al asegurado para garantizar las responsabilidades civiles que finalmente pudiesen dirimirse en el proceso judicial.
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